Sanciones por falsificación de documentos en España

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España «Falsedad documental

El delito de falsificación , como su nombre indica, significa que una persona falsifica un documento que no es real, no existe o falsifica su contenido. Por ejemplo, una persona que falsifica la firma de otra persona, falsifica el emblema de un departamento gubernamental o falsifica el sello de una empresa privada es culpable de falsificación.

El artículo 395 del Código Penal español y los reglamentos relacionados distinguen entre documentos privados y públicos. Los documentos privados incluyen la correspondencia, los contratos, las pólizas de seguros, etc. Los documentos públicos son los expedidos por las autoridades gubernamentales, como los certificados de residencia, los certificados notariales de inocencia, etc.

El Código Penal establece que la falsificación de documentos públicos por particulares se castiga con penas de 6 meses a 3 años de prisión. Si la falsificación es de un documento privado, la pena es de 6 meses a 2 años de prisión.

El delito de utilizar un documento falso

La ley castiga no sólo la falsificación de un documento sino también a su usuario. Si una persona utiliza deliberadamente un documento falso, a sabiendas de que es falso, es culpable de utilizar un documento falso.

Si una persona utiliza un documento falso, será condenada de 3 a 6 meses (menos un día) de prisión. La ley establece que la persona debe ser culpable del delito a sabiendas, y si se dice que se creyó por error que el documento era verdadero, entonces no es delito.

En la vida real, en estos casos, la condena o no depende principalmente de las pruebas.

Independientemente del delito, el infractor tendrá antecedentes penales, lo que supondrá la revocación de la residencia o la imposibilidad de sustituirla. Si, por ejemplo, se utilizan documentos falsos en el proceso de solicitud de residencia, se revocará el permiso de residencia.

Además, cabe señalar que, dado que los delitos mencionados no son graves, es posible solicitar la suspensión de la pena si ésta no supera los 2 años de prisión. Si el delincuente es extranjero, el juez también puede optar por la deportación ante cargos tan leves.

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